La arquitectura de la violencia estatal

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Asedio policial y arresto masivo de manifestantes en Cinelândia el 15 de octubre de 2013. (Foto: Daniela Fichino)

Durante las últimas semanas, el mundo volvió a recordar que la frontera entre el Estado y la violencia es más frágil de lo que nos gustaría admitir. En Sudán, la ciudad de El Fasher fue tomada por las fuerzas paramilitares del Rapid Support Forces (RSF), desencadenando un rastro de brutalidad: ejecuciones sumarias, fosas comunes, desapariciones y miles de civiles obligados a huir sin siquiera saber si habría a dónde huir. La ONU y organizaciones humanitarias informaron que barrios enteros fueron transformados en zonas de caza humana, donde la muerte dejó de ser excepción para convertirse en administración cotidiana.

Pocos días después, en el este de la República Democrática del Congo, el territorio de Lubero vivió su propia secuencia de horrores: ataques coordinados por grupos armados dejaron al menos 89 civiles muertos entre el 13 y el 19 de noviembre de 2025. Mujeres, niños y ancianos fueron asesinados en comunidades rurales que ya vivían en abandono crónico. Para estos territorios, donde el Estado es más fantasma que protección, la vida sigue valiendo menos que la geopolítica local.

Estos episodios no son meros acontecimientos violentos; son advertencias estructurales. Cuando las instituciones fallan, ya sea por corrupción, disputa armada, ausencia estatal o colapso político, quienes pagan siempre son los mismos cuerpos: el cuerpo sin Estado, el cuerpo periférico, racializado, invisibilizado. Es un patrón. Y, como todo patrón, reaparece allí donde hay territorios vulnerables y gobiernos que los tratan como áreas desechables.

Es en este punto donde la discusión cruza el océano y llega a la puerta de Brasil.

El 28 de octubre de 2025, Río de Janeiro vivió la operación policial más letal de su historia reciente, cuando una acción conjunta de las fuerzas estatales en los complejos del Alemão y de la Penha, anunciada oficialmente como parte de la Operación Contención, resultó en más de 120 muertos, según recuentos independientes divulgados por medios internacionales como Al Jazeera, ABC News y The Guardian. Fueron días de tiroteos continuos, residentes reportando cuerpos en las calles, interrupción de servicios básicos y denuncias de que muchas muertes ocurrieron sin la debida pericia forense, lo que compromete la capacidad de identificar quién murió, cómo murió y en qué circunstancias. Varias organizaciones de derechos humanos plantearon la posibilidad de ejecuciones extrajudiciales y la alteración de escenas del crimen, especialmente en áreas donde el acceso de la prensa fue restringido.

En el balance oficial publicado posteriormente, el gobierno estatal describió a todos los muertos como “sospechosos”, mientras que los residentes informaron de personas baleadas dentro de sus casas o intentando huir por el monte. También murieron policías, lo que refuerza la dimensión caótica e incontrolada del enfrentamiento. El número final de víctimas oscila actualmente entre 121 y 130, según la fuente; el Estado, sin embargo, no presentó una lista nominal ni aclaró cuántos civiles están entre las víctimas.

Este episodio reavivó el mismo debate de siempre, con la misma velocidad, la misma polarización infantil y la misma ceguera colectiva ante las preguntas que importan. El país intenta encuadrar la tragedia en una disputa binaria: “¿La policía se equivocó o el crimen es el que fuerza el enfrentamiento?” Sin embargo, ese encuadre es superficial. La verdadera pregunta es otra: “¿Cómo produce, reproduce y autoriza el Estado la violencia en los territorios que él mismo abandonó?”

Para comprender cómo llegamos a este punto, es necesario desplazar la mirada del episodio inmediato y preguntar de dónde proviene la lógica que autoriza al Estado a actuar así. La violencia estatal no surge como respuesta espontánea al crimen del presente; está arraigada en decisiones históricas, en formas de organización urbana y en jerarquías sociales que el país ha naturalizado por más de un siglo. La pregunta no es solo por qué el Estado entra en la favela con armas pesadas, sino por qué solo aparece plenamente en estos territorios cuando está armado. Y esa respuesta no está en las noticias policiales: está en la propia formación de las favelas como espacios producidos por la exclusión, la negligencia y la idea persistente de que ciertos brasileños no forman parte integral de la ciudad.

La construcción histórica de las favelas y su transformación en “territorio enemigo”

Las favelas brasileñas no surgieron por casualidad. Surgieron a finales del siglo XIX, cuando exesclavizados, soldados de Canudos, trabajadores pobres y migrantes que no encajaban en el proyecto de ciudad europeizada de la élite fueron empujados hacia cerros y áreas desestimadas por el mercado inmobiliario. En ese período, mientras la ciudad expandía bulevares, avenidas higienistas y edificios neoclásicos, los pobres eran tratados como excedente urbano. El Estado nunca planificó integrar esos territorios; planificó removerlos, higienizarlos o simplemente ignorarlos. A principios del siglo XX, la prensa se refería a las favelas como “antro de vicios”, “fortaleza de inmundos”, “guarida de degenerados”. Como observa Lícia Valladares, “la favela fue, antes que nada, una representación social, no un territorio por comprender, sino un peligro por combatir.”

Ante este escenario, se vuelve necesario presentar un breve panorama histórico sobre la construcción de las favelas y las diferentes visiones que incidieron sobre ellas en cada período, pues tales percepciones moldearon tanto la forma en que el Estado actuó como los modos en que la sociedad pasó a ver esos territorios.

A partir de la década de 1930, especialmente con la intensificación de las políticas de modernización urbana y durante el Estado Novo, la favela pasó a ser tratada como un “problema urbano” a ser eliminado. Para el sociólogo Florestan Fernandes, la élite brasileña siempre ejerció un tipo de poder “autoritario y tutelar”, productor de “ciudadanos incompletos y derechos a medias.” En la década de 1960, con el régimen militar, la urbanización se transformó en un programa de remociones, como registran los estudios de Ermínia Maricato, para quien “remover la favela nunca fue resolver el problema: fue apenas desplazarlo hacia donde no molestara la mirada de las élites.”

En los años 1980 y 1990, la expansión del tráfico armado ofreció nuevo combustible al estigma. La favela dejó de ser solo pobre o desordenada: se volvió peligrosa, contaminada, armada. El discurso político de la época pasó a adoptar expresiones como “recuperar territorio”, “retomar el control”, “pacificar áreas contaminadas”. Ese lenguaje es típico de guerra, no de política urbana, y toda guerra presupone enemigos. Es en este momento cuando la favela se consolida como territorio enemigo interno. La construcción simbólica es tan fuerte que, en 2007, el entonces gobernador de Río llegó a declarar: “Entraremos en estas comunidades como fuerzas de ocupación.” La frase, ampliamente criticada, no fue mero desliz retórico: fue la síntesis de una visión histórica.

La producción estatal de vulnerabilidad y la lógica de la excepción

Cuando el único brazo del Estado que llega a la comunidad es el armado, todo encuentro se convierte en una posibilidad de confrontación. No porque la comunidad sea intrínsecamente violenta, sino porque el Estado solo se hace presente cuando la violencia ya alcanzó su punto de saturación. Esa presencia tardía y selectiva evidencia un patrón histórico de actuación: el Estado no opera como garantía continua de derechos, sino como respuesta represiva a crisis que él mismo ayudó a producir, mantener o permitir. Antes de cualquier operación, lo que prevalece es la ausencia estructural: escuelas precarias, unidades de salud insuficientes, saneamiento inexistente, transporte deficiente, desempleo e informalidad masivos y la completa falta de políticas de prevención capaces de ofrecer alternativas reales a los jóvenes que crecen en esos territorios. Esa negligencia transforma la propia organización urbana en un terreno fértil para poderes paralelos, que se fortalecen justamente en el vacío dejado por el poder público. Ante ese vacío, el crimen organizado pasa a ejercer funciones que el Estado no cumple, aunque lo haga mediante la violencia: regula relaciones, impone normas, promueve un orden propio y establece un tipo de autoridad donde el Estado formal solo aparece intermitentemente.

Sin embargo, cuando el Estado finalmente llega con fuerza, llega mediante la represión. En lugar de presencia cotidiana, ciudadana y social, se hace notar por helicópteros armados, vehículos blindados, escuadrones con decenas de patrullas, tiroteos prolongados y cuerpos en el suelo. Esa inversión crea una geografía de control basada no en la garantía de derechos, sino en la administración punitiva de la pobreza, como describe Loïc Wacquant al analizar cómo las sociedades desiguales gobiernan sus territorios periféricos. El Estado, en lugar de actuar como proveedor, asume el papel de administrador del orden por la fuerza, tratando la favela como zona de riesgo permanente. La violencia se convierte entonces no solo en una respuesta al crimen, sino en una manera de gobernar territorios considerados indisciplinados o indeseados por la lógica urbana dominante.

Esa lógica produce un doble efecto perverso. En el cotidiano de las periferias, refuerza la experiencia de que el Estado solo ve a sus residentes como amenazas potenciales, nunca como ciudadanos. Fuera de ellas, parte de la sociedad interpreta la violencia como sinónimo de eficiencia: las muertes se vuelven estadísticas útiles, las operaciones letales se presentan como “victorias” y la indignación pública se vuelve selectiva. Aquí, la reflexión de Achille Mbembe sobre la necropolítica se vuelve fundamental: el poder moderno define quién debe vivir y quién puede morir, y lo hace administrando desigualmente el valor de las vidas. En la práctica brasileña, esto significa que ciertas vidas, mayoritariamente negras, pobres y periféricas, son percibidas como menos legítimas, menos protegidas y menos dignas de duelo. La favela se convierte así en un laboratorio permanente de esa decisión soberana sobre la muerte, donde la política de seguridad pública se acerca peligrosamente a una política de exterminio legitimado.

El ciclo se retroalimenta: el abandono estructural genera vulnerabilidad; la vulnerabilidad alimenta el crimen; el crimen sirve de justificativa para la represión; y la represión refuerza el estigma que legitima el abandono. Al final, la política de seguridad deja de ser instrumento de protección y pasa a operar como mecanismo de gestión de la vida que puede ser matada.

El impasse estructural del combate a las facciones criminales

Y aquí llegamos al nudo que nadie quiere desatar. Si la policía no confronta, las facciones no se disuelven por “buena voluntad”; el crimen organizado no devuelve territorio espontáneamente; nadie abandona un negocio multimillonario solo porque se reformó una escuela o se abrió una unidad de salud. Las políticas sociales cumplen la función vital de reducir la entrada de nuevos jóvenes al tráfico, pero por sí solas no tienen fuerza para desmantelar redes criminales complejas, sostenidas por flujos financieros, alianzas transnacionales y poder armado consolidado. Por otro lado, los enfrentamientos masivos producen exactamente aquello que se pretende evitar: muertes de civiles, muertes de policías, el fortalecimiento del odio entre comunidades y agentes de seguridad, la narrativa local de que “la policía no nos protege” y una retracción del propio Estado, que reaparece solo para reprimir y luego desaparece nuevamente, dejando a la población entregada al dominio de grupos armados. Aprisionado en esa contradicción, el Estado termina realizando lo peor de los mundos: combate mal e invierte poco, produciendo intervenciones improvisadas que poco afectan la estructura del crimen, pero afectan profundamente la vida de los residentes.

En este contexto, siempre que la violencia explota, alguien sugiere “acabar con las favelas”, como si fuera una solución simple e intuitiva. En el imaginario de parte de la sociedad, la favela se volvió sinónimo de problema, y su eliminación física parece, a veces, una respuesta obvia, aunque históricamente equivocada. En los años 60, por ejemplo, se intentó demoler y remover comunidades enteras, sin embargo, el resultado fue la creación de nuevas favelas, más alejadas, precarizadas y aún más invisibles al poder público. Cuando no se destruye el problema, sino que solo se desplaza el territorio, se produce más desigualdad, más fragmentación urbana y más sufrimiento social.

Otra interpretación recurrente de esta propuesta es la militarización permanente de esos espacios, como si “retomar el control” significara transformar comunidades en zonas ocupadas. El efecto, sin embargo, es el opuesto al deseado: se instituye un estado de guerra interna, se naturalizan violaciones de derechos, se consolida la letalidad como instrumento de gestión y se destruye cualquier posibilidad de relación de confianza entre residentes y Estado. La promesa de seguridad se convierte en una rutina de miedo, tensión y violencia.

Hay, sin embargo, un tercer camino —el único que posee sustento histórico y urbanístico: integrar y urbanizar plenamente esos territorios. “Acabar con la favela”, en ese sentido, no significa borrarla del mapa, sino transformar sus condiciones materiales: infraestructura adecuada, vivienda digna, movilidad eficiente, equipamientos culturales, oportunidades de ingresos, escuelas estructuradas, salud de calidad y participación activa en las decisiones sobre el territorio. Acabar con la favela solo tiene sentido si es, en verdad, sinónimo de acabar con la desigualdad que produce la favela como forma de vivienda posible.

No obstante, transformar materialmente esos territorios no basta para enfrentar el poder consolidado de las organizaciones criminales que ya operan en esas regiones. Para comprender cómo desarticular estructuras que no se deshacen solo con urbanización, es útil observar cómo otros países lidiaron con grupos mafiosos de gran escala.

El impasse brasileño solo parece insoluble porque, internamente, se insiste en reducir la cuestión a la dualidad entre confrontos armados e inversión social tardía. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que ninguna organización criminal de gran porte, sea mafia, cartel, yakuza o milicia, fue desmantelada con base exclusiva en operaciones represivas o en políticas sociales aisladas. Los países que enfrentaron estructuras criminales poderosas comprendieron que estas organizaciones no desaparecen con el aumento del patrullaje ostensivo, sino con la destrucción de su ecosistema económico y político. Italia, por ejemplo, solo logró debilitar de manera decisiva a la Cosa Nostra cuando desplazó el énfasis de la represión armada hacia la ruptura de las redes financieras e institucionales que sustentaban a la mafia. Las investigaciones lideradas por magistrados como Falcone y Borsellino mostraron que, para alcanzar a una organización criminal, no basta matar soldados rasos: es necesario golpear el capital, las empresas fachada, los contratos públicos, el lavado de dinero, los flujos logísticos y, sobre todo, las conexiones con agentes del Estado. La mafia siciliana no perdió fuerza porque la policía se volvió más letal, sino porque el Estado se volvió más inteligente. El “Maxiprocesso” de 1986–1992 no fue una gran operación policial, sino una gran operación de inteligencia jurídica y financiera, con cooperación internacional, protección de testigos, legislación específica y fortalecimiento del sistema judicial.

El mismo patrón aparece en otros contextos. En la Colombia de los años 90, la caída de los carteles de Medellín y Cali no se debió al aumento de incursiones militares en las comunas, sino al avance de estrategias de rastreo financiero, acuerdos de extradición, infiltraciones profundas, cooperación internacional y fragmentación económica de las redes criminales. La represión armada existió, pero no fue ella la que derribó los carteles; fue la pérdida de su capacidad económica operativa. Cuando el dinero dejó de fluir con facilidad, las organizaciones se desestructuraron. Asimismo, en Japón, el debilitamiento de la Yakuza en las últimas décadas no ocurrió mediante enfrentamientos violentos, sino por medio de un conjunto de leyes que restringieron su participación en el mercado financiero, prohibieron a empresas mantener relaciones con grupos mafiosos y criminalizaron contratos, negocios y asociaciones que antes se toleraban. La lógica japonesa fue clara: hacer que el crimen sea económicamente inviable, no físicamente imposible. Cuanto más se asfixia el flujo de recursos y relaciones sociales que sustentan a la organización, menos espacio tiene para operar.

Estas experiencias revelan un patrón consistente: las organizaciones criminales solo son destruidas cuando el Estado deja de tratarlas como fenómenos exclusivamente policiales y pasa a percibirlas como estructuras económicas y políticas complejas. La violencia, en esos casos, fue un componente secundario.

Es precisamente esa dimensión la que falta en Brasil. Aquí, la discusión permanece aprisionada entre operaciones espectaculares y políticas sociales puntuales, como si fuera posible derrotar facciones con la misma lógica con la que se enfrenta una rebelión. Mientras tanto, el Estado ignora que milicias, facciones y carteles locales dependen menos de la territorialidad, que es lo que se combate a tiros, y más de redes logísticas, corrupción institucional, control de mercados legales e ilegales y circulación de capital. Sin atacar esas capas profundas, cualquier victoria armada se vuelve efímera, y cada operación policial se convierte en el prólogo de la siguiente.

Conclusión

A la luz de todo lo expuesto, se vuelve evidente que Brasil no sufre solo con episodios de violencia, sino con una arquitectura política que la produce, la legitima y la repite. El Fasher, Lubero, Río de Janeiro: contextos distintos, síntomas semejantes. Cuando el Estado falla antes e interviene tarde, lo que se instala no es seguridad, sino gobernanza por la excepción. La política pública deja de actuar en la esfera de los derechos y se refugia en la esfera del control, transformando comunidades históricamente excluidas en laboratorios de experimentación de la fuerza.

La trayectoria brasileña revela que la violencia no nace en el enfrentamiento, sino en el abandono que lo antecede. Las favelas, creadas por la negligencia, estigmatizadas por el discurso y administradas por el miedo, se convirtieron en espacios donde el Estado solo es presencia segura cuando llega armado. Y eso no es una consecuencia inevitable: es el resultado de decisiones. Decisiones que priorizan la represión instantánea en lugar de la transformación estructural; decisiones que aceptan la desigualdad como horizonte; decisiones que tratan a ciertos brasileños como vidas negociables dentro de una lógica necropolítica.

La comparación internacional evidencia que las grandes organizaciones criminales no son derrotadas con letalidad ni con operaciones espectaculares, sino con inteligencia institucional, desmantelamiento económico, fortalecimiento del sistema de justicia, transparencia y ruptura de la corrupción que alimenta las redes ilegales. Italia, Colombia y Japón lo mostraron al mundo, pero nada de eso prospera en un país que no reconoce la favela como parte de la ciudad y que aún cree que “acabar con el territorio” es lo mismo que “acabar con el problema.”

Referencias

Deutsche Welle. Paramilitares tomam cidade e agravam crise no Sudão. Disponível em: https://www.dw.com/pt-br/paramilitares-tomam-cidade-e-agravam-crise-humanit%C3%A1ria-no-sud%C3%A3o/a-74526592.

Fernandes, Florestan. Poder autoritário e tutelar no Brasil: produção de cidadãos incompletos e direitos pela metade. São Paulo: Editora Brasiliense, 1975.

Fundação AIS. R. D. Congo: Muitos dos 70 corpos descobertos numa igreja de Lubero estavam amarrados e decapitados. Disponível em: https://fundacao-ais.pt/r-d-congo-muitos-dos-70-corpos-descobertos-numa-igreja-de-lubero-estavam-amarrados-e-decapitados/.

G1. Operação no Alemão e Penha tem 121 mortos, a mais letal da história recente do Rio.

Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2025/10/28/operacao-historico-da-cidade-do-rio.ghtml.

Maricato, Ermínia. A política de remoção de favelas no Brasil: deslocamento e desigualdade urbana. São Paulo: Editora Hucitec, 1996.

Mbembe, Achille. Necropolítica. São Paulo: N-1 Edições, 2019.

Valladares, Lícia do Prado. A invenção da favela: do mito de origem à favela.com. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2014.

Wacquant, Loïc. Punir os pobres: a nova gestão da miséria urbana. Rio de Janeiro: Revan, 2009.