¿El petróleo de la Amazonía enriquecerá a Brasil o lo endeudará?

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Plataforma petrolera en operación en alta mar. (Foto: Unsplash)

La confirmación de petróleo en el pozo Morpho, en la Cuenca de la Foz do Amazonas, vuelve a colocar a Brasil ante una discusión que va mucho más allá de la existencia de nuevas reservas. Mientras el país busca ampliar su producción de petróleo y aprovechar una posible nueva fuente de ingresos, la economía mundial intenta reducir su dependencia de los combustibles fósiles y hacer frente a los efectos cada vez más concretos del cambio climático.

En este contexto, una pregunta debe estar en el centro del debate: ¿el petróleo de la Amazonía enriquecerá a Brasil o lo endeudará? La respuesta no depende únicamente del volumen de petróleo que pueda extraerse o de los ingresos que su comercialización pueda generar. También depende de cómo el país contabilizará los costos económicos, ambientales y sociales asociados a la explotación y, principalmente, al consumo de este petróleo.

El petróleo sigue representando una importante fuente de riqueza, recaudación y seguridad energética. Al mismo tiempo, su utilización produce un costo climático que no se incorpora íntegramente al precio pagado por quienes lo consumen. Saber si el beneficio económico de la explotación será suficiente para justificar los costos que podrá transferir a la sociedad es la cuestión más importante. La producción moviliza inversiones, genera empleos, aumenta las exportaciones y proporciona ingresos a empresas y gobiernos mediante impuestos y regalías. Para un país que todavía necesita ampliar su capacidad de inversión pública y reducir las desigualdades, es comprensible que una nueva frontera petrolera sea presentada como una oportunidad estratégica.

El valor económico de un barril puede calcularse en el momento de su comercialización. Es posible saber cuánto recibió una empresa, cuánto recaudó el gobierno y cuánto aportó la actividad al PIB. Lo mismo no ocurre con los costos asociados a las emisiones de carbono. Estos se distribuyen a lo largo del tiempo y del espacio, apareciendo en forma de pérdidas agrícolas, daños a la infraestructura, presión sobre los sistemas de salud, necesidad de adaptación de las ciudades e impactos sobre las poblaciones vulnerables.

Esta asimetría es relevante porque el beneficio y el costo no son necesariamente soportados por los mismos agentes. Los ingresos de la explotación tienen beneficiarios relativamente identificables: empresas productoras, accionistas, trabajadores, gobiernos y sectores económicos vinculados a la cadena petrolera. Los impactos climáticos, en cambio, pueden afectar a poblaciones que nunca tuvieron ninguna participación en la actividad y que ni siquiera viven en las regiones donde se produjo el petróleo.

La idea es atribuir un valor económico a los daños provocados por la emisión de una tonelada adicional de CO2. Estudios recientes utilizados en el debate económico sobre el tema han llegado a estimaciones superiores a US$ 1.200 por tonelada, muy por encima de los valores observados en diversos mecanismos de fijación de precios del carbono. Tomemos un escenario meramente hipotético para dimensionar esta diferencia. Si se utilizaran 10.000 millones de barriles de petróleo y cada barril estuviera asociado a aproximadamente 450 kg de CO2, serían alrededor de 4.500 millones de toneladas de CO2. Aplicando un costo social de US$ 1.200 por tonelada, el resultado sería una estimación de US$ 5,4 billones en daños climáticos. El ejercicio no representa una estimación de las reservas del pozo Morpho, ni significa que este volumen será necesariamente producido o que Brasil asumirá íntegramente todos estos costos. Su objetivo es demostrar cómo la percepción sobre la rentabilidad de una actividad puede cambiar cuando los costos ambientales y climáticos se incorporan al análisis económico.

La dificultad es que el mercado no necesariamente atribuye al carbono un precio cercano al daño que produce. El Banco Mundial señala que el precio promedio ponderado de las emisiones cubiertas por instrumentos de fijación directa de precios se sitúa en torno a US$ 21 por tonelada de CO2 equivalente. Esto significa que existe una diferencia considerable entre el precio que determinados mercados atribuyen a las emisiones y las estimaciones económicas de sus daños sociales. Esta diferencia no significa que los mecanismos de fijación de precios del carbono o los créditos de carbono sean inútiles. Por el contrario, pueden desempeñar un papel relevante en la reducción de emisiones y en la financiación de proyectos de conservación, restauración y remoción de carbono. El punto es que el precio de un crédito no debe confundirse con el costo económico total causado por la emisión de una tonelada de CO2.

Cuando parte de los costos de una actividad no aparece en su precio, corresponde al Estado decidir cómo se tratará esta diferencia. En el caso del petróleo, esto significa también discutir la compatibilidad de nuevas inversiones con los objetivos climáticos brasileños y con la trayectoria de transformación de la matriz energética mundial. Petrobras prevé inversiones de US$ 2.500 millones y la perforación de 15 nuevos pozos en el Margen Ecuatorial durante los próximos cinco años. Por ello, la evaluación no debería considerar cada pozo de forma aislada. Es necesario analizar el conjunto de la política y sus efectos acumulativos.

Esto no significa que Brasil deba simplemente abandonar la explotación petrolera. Una transición energética no elimina instantáneamente la demanda de combustibles fósiles, y el petróleo seguirá desempeñando un papel relevante en la economía mundial durante la transición. Además, interrumpir unilateralmente la producción brasileña no haría desaparecer la demanda internacional. El punto más relevante, por lo tanto, es decidir qué hará Brasil con la riqueza que produzca.

Si los ingresos adicionales se utilizan principalmente para financiar gastos corrientes y perpetuar la dependencia de una materia prima finita, la nueva frontera petrolera podría reforzar un modelo económico vulnerable a las fluctuaciones internacionales e incompatible con la necesidad de diversificación energética. Si, por otro lado, parte de estos recursos se destina a infraestructura, ciencia, tecnología, educación, adaptación climática y desarrollo de fuentes de energía de menores emisiones, el petróleo podría funcionar como una fuente de financiación para una transformación que reduzca precisamente la dependencia futura de los combustibles fósiles.

Esta elección es importante para Brasil porque el país posee una ventaja comparativa que va mucho más allá del petróleo. Su matriz eléctrica relativamente limpia, su potencial de generación solar y eólica, su capacidad de producción de biocombustibles y sus recursos naturales pueden situarlo en una posición privilegiada en la economía baja en carbono. La explotación petrolera no debería pensarse de forma desvinculada de esta estrategia. También existe una cuestión de justicia entre generaciones. Los recursos extraídos hoy pertenecen a una sociedad que recibe inmediatamente sus beneficios económicos. Los impactos climáticos, sin embargo, pueden persistir durante décadas. Parte de la población que afrontará los efectos futuros no habrá participado en la decisión sobre la explotación y no habrá recibido una parte proporcional de sus beneficios.

Por ello, transformar las regalías y los ingresos petroleros en patrimonio de largo plazo debería ser una prioridad. El debate sobre el Margen Ecuatorial debe incluir mecanismos que garanticen que una parte relevante de esta riqueza se convierta en activos capaces de beneficiar a la sociedad después de que la producción petrolera disminuya. La explotación de un recurso finito no debería resultar únicamente en ingresos finitos. Brasil se encuentra ante una oportunidad económica real, pero también ante una elección estratégica. La confirmación de petróleo en la Foz do Amazonas no tiene por qué interpretarse como una victoria definitiva de los combustibles fósiles sobre la agenda climática, así como la necesidad de enfrentar el cambio climático no exige ignorar las condiciones económicas del país.

La pregunta que debería orientar la política brasileña es cuál será el destino de la riqueza generada por él, qué costos se incorporarán a la decisión y quién estará protegido frente a aquellos que permanezcan fuera de la contabilidad tradicional. Si el petróleo se utiliza para financiar una economía más diversificada, resiliente y tecnológicamente preparada para la transición energética, su explotación podría cumplir una función estratégica durante un período de cambio. Si, sin embargo, el descubrimiento se trata simplemente como una nueva oportunidad para expandir la producción y posponer decisiones estructurales, Brasil corre el riesgo de transformar una riqueza temporal en una dependencia prolongada.